La UE ha endurecido progresivamente su política migratoria y delega el control de las fronteras en países frecuentemente acusados de violaciones de los derechos humanos
En septiembre de 2015, la muerte del niño sirio de tres años Aylan Kurdi despertó el horror y la indignación mundial. La fotografía de su cadáver en una playa de Turquía ocupó portadas e informativos, e hizo visible el drama de quienes huían de la guerra de Siria en busca de seguridad en Europa. Aquella imagen cristalizó una crisis migratoria protagonizada por más de un millón de personas y...
que puso a prueba a la Unión Europea.
Diez años después, el club comunitario ha cambiado: la creciente influencia de la extrema derecha ―presente ya en uno de cada tres gobiernos europeos― ha radicalizado las posiciones y endurecido las políticas migratorias, centradas ahora en la externalización de fronteras; es decir, que la UE o sus Estados miembros paguen a países extracomunitarios, a menudo acusados de vulnerar los derechos humanos, para que impidan que los migrantes alcancen suelo europeo.
El resultado ha sido un descenso sostenido de los flujos irregulares. En 2024, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), registró 199.400 llegadas. Pero el blindaje también ha causado más de 36.000 muertos en las fronteras terrestres y marítimas cuando trataban de entrar en Europa (más 32.000 solo en el Mediterráneo), según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El dolor de los familiares y la invisibilidad de las víctimas siguen siendo una mancha en la defensa de los derechos fundamentales en la UE.
