Los pólizas de garantía de alquiler mantienen criterios de solvencia estrictos, aunque adaptados a un mercado donde el esfuerzo del inquilino es mayor
Pocos son los inquilinos que no han tenido que pasar en algún momento de su vida por el filtro de un estudio de solvencia económica de una empresa de alquiler garantizado o por el escrutinio de un seguro de impago. Estas dos herramientas se han convertido en las mejores aliadas para los propietarios que arriendan sus viviendas.
El debate sobre el equilibrio entre la protección de caseros e inquilinos ha vuelto a encenderse tras la entrada en vigor, el 22 de marzo, del decreto que congela los contratos a punto de vencer y limita al 2% las actualizaciones anuales, aunque el Congreso podría tumbarlo en el plazo de un mes. Muchos propietarios aseguran sentirse desprotegidos tanto con el antiguo escudo social como con este nuevo paraguas normativo. Por ello, en los últimos años han recurrido cada vez más a productos que garantizan el cobro de las rentas, su gran preocupación.
Ana González, vicesecretaria de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, afirma que llevan años recomendando la contratación de seguros de impago. “Lo consideran un colchón que da cierta seguridad”, explica. En la misma línea, su presidente, José María Font Spa, señala que existe “una alta desconfianza en la eficiencia de los procesos judiciales de desahucio” y que estos seguros se han convertido en una herramienta relevante, especialmente para los propietarios más profesionalizados.
