El órgano consultivo critica la falta de adecuación por sectores, la carga extra para pymes y que el proyecto invada terreno legislativo, pese a tratarse de un reglamento. Economía, Función Pública y Protección de Datos también critican distintos elementos del proyecto

“No procede aprobar el real decreto proyectado”. Así finaliza el dictamen que ha emitido el Consejo de Estado sobre el refuerzo del registro horario, el reglamento con el que el Ministerio de Trabajo busca salvar al menos una parte del anteproyecto de ley para reducir la jornada. El dictamen, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que fue aprobado el pasado viernes, es muy crítico con el texto planteado por Trabajo: aunque aplaude el fin de la norma —evitar las horas extra impagadas mediante la obligatoriedad de un sistema digital interoperable por Inspección—, considera que no mide correctamente el impacto económico de la medida, que invade terreno legislativo pese a ser un reglamento (como viene denunciando CEOE), que no se adecúa correctamente a las necesidades específicas de los sectores y que no asegura la protección de datos de los trabajadores. El dictamen, no vinculante, también recoge extractos críticos de los informes emitidos por otras instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Economía, el de Función Pública o la Agencia Española de Protección de Datos.