El Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública el refuerzo del registro horario un día después de que el Congreso tumbase la prometida reducción de jornada máxima legal de 40 a 37 horas y media. El miércoles pasado PP, Vox y Junts rechazaron el recorte y el jueves el ministerio activó el trámite para endurecer el registro, con el que el departamento de Yolanda Díaz pretende compensar parte de las expectativas frustradas. Es más, Trabajo ha anticipado este lunes que el nuevo registro (para el que no necesita convalidación parlamentaria) conseguirá reducir la jornada efectiva de trabajo, dado el volumen de horas extra impagadas que atajará.
“Si conseguimos que el registro sea fiable, que funcione, y que haga un control masivo y cotidiano de la jornada, se bajará la jornada efectiva de trabajo más que con el proyecto de ley”, han reflexionado este lunes fuentes del ministerio. Las horas extra impagadas afectan al menos a medio millón de empleados. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, 420.300 trabajadores no cobran ni una de sus horas extra y 71.400 solo reciben emolumentos por una parte de las horas de más que realizan.
El PSOE modificó el Estatuto de los Trabajadores en 2019 para obligar a que haya un registro horario en las empresas. El diagnóstico de Trabajo es que esa normativa se quedó corta y que no consigue evitar las horas extra impagadas, que era necesario un desarrollo reglamentario que nunca se afrontó y que ahora pretende aplicar Trabajo. De ahí que no necesite el visto bueno del legislativo, al no tratarse de un cambio en una ley, sino de un desarrollo reglamentario de una norma ya en vigor.
