El desplazamiento forzoso de 700.000 civiles es otro atentado contra el derecho internacional humanitario
La huida de sus hogares de cientos de miles de civiles libaneses lejos de ser un mero daño colateral del enfrentamiento militar de Estados Unidos e Israel con Irán supone un nuevo y trágico fracaso en el respeto al derecho internacional. También un peligroso factor de desestabilización para un país de cinco millones de habitantes, muy fragmentado política y religiosamente, que no acaba de sacudirse el estigma de la guerra.
En solo una semana, y según cifras de Naciones Unidas, al menos 700.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas en el sur del país como consecuencia de los bombardeos del Ejército israelí en represalia a los ataques de Hezbolá. La otrora poderosa milicia había retomado el lanzamiento de misiles contra territorio de Israel para responder a la ofensiva del 28 de febrero contra la República Islámica, su mentora y principal sostén material e ideológico.
En lo inmediato, este atropellado movimiento de masas ha puesto en peligro la cadena de suministros alimenticios en todo el país, según ha advertido el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Líbano, que registra una demanda exponencial que está superando los recursos disponibles.
