Los adjudicatarios, de rentas bajas, abonan hasta 100 euros mensuales extra sin que la Dirección General de Vivienda actúe
Varios beneficiarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) han denunciado a EL PAÍS que la Junta de Castilla y León (PP) permite que paguen sobrecostes mensuales por sus inmuebles, ...
propiedad de un fondo buitre. La Dirección General de Vivienda ha recibido varios informes oficiales de funcionarios alertando de esta anomalía, derivada de sistemas de cálculo erróneos por parte de este departamento, pero no ha reaccionado pese a que se rebasa el precio máximo legal por estos pisos. Los agraviados, que acceden a esas VPO por su situación económica vulnerable, también están abonando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) pese a que este tributo debería cubrirlo el promotor. La mayor parte de estos beneficiarios prefiere no dar su nombre ni figurar en los medios por temor a perder su vivienda protegida, si bien por ley no se les puede retirar.
Daniel Rejón, de 37 años, habla en su piso protegido alquilado en Laguna de Duero, una localidad del alfoz de Valladolid donde hay decenas de VPO. A la vivienda, de 46 metros cuadrados y con humedades, se accede por un portal con desconchones. El hombre, con pareja y un hijo pequeño, muestra una resolución firmada por el jefe de sección de Ayudas a la vivienda y rehabilitación de la Junta, Marcial Barba, indicando que está pagando 380 euros al mes, cuota de comunidad no incluida, por un piso cuyo máximo es de 300,41 mensuales, casi 80 euros de incremento, un 26,6% extra. Además, el contrato de alquiler de Rejón incluye que él, como arrendatario, debe abonar el IBI de la VPO, otros 16,01 euros mensuales, llegando casi a 100 ese incremento ilícito, un tercio de la cifra original.
