En el intento de golpe de Estado se cruzaron todas las conspiraciones contra la democracia, por lo que siguen siendo necesarios todos los documentos

La reciente desclasificación de documentos sobre el 23-F ha quedado desde el principio descalificada, no solo porque

dad-del-23-f-ya-la-sabemos-pero-los-bulos-no-van-a-terminar-porque-son-un-negocio.html" data-link-track-dtm="">no aportan nada más allá de lo conocido, sino porque otros documentos, como grabaciones que sin duda existen o como la totalidad del sumario, ni están ni se les espera. Otros, los del Cesid, ya se habían desclasificado previamente en la trituradora. Pero la desclasificación ha situado en primera línea del debate público la intentona de golpe de Estado, con todo un repertorio de intencionalidades políticas apropiándose del pasado. Muchas opiniones se han apresurado a establecer un silogismo falso: los documentos desclasificados certificarían la versión canónica, sustentada en una intentona de golpe militar por guardias civiles y militares que fue frenada por Juan Carlos I porque amenazaba la democracia.

En el centro de los tirones ideológicos y mediáticos se ha cruzado una pregunta elevada al máximo rango de la controversia: la actuación del Monarca antes, durante y después de la intentona. Pero está desenfocada, mal planteada y es equívoca, porque descansa en un supuesto ideológico falso: el comportamiento del Monarca dependería de su posición a favor o en contra de la democracia, con todos los matices intermedios y que, a su vez, parte de otro planteamiento erróneo: el rey habría traído la democracia con una intencionalidad previa, planificada y determinante. La prioridad de Juan Carlos I, apoyada en una lección histórica bien aprendida, siempre fue la Corona, por encima de todo, independientemente de los fundamentos de poder y las fuentes de legitimidad en la que descansara. Un ejercicio de pragmatismo. Si para ser el titular de la Corona tenía que jurar las Leyes Fundamentales del Reino y los Principios del Movimiento Nacional en 1975, los juró. Si para añadir la legitimidad dinástica tenía que aceptar la abdicación de su padre en 1977 la aceptó. Y si para conservarla tenía que ceder todos los poderes, ilimitados y sin contrapesos, heredados de Franco, los cedió, atesorando una tercera legitimidad: la voluntad soberana del pueblo en 1978, mientras la institución fuera intocable.