La documentación desclasificada muestra a las claras quién conspiró contra la democracia y establece un buen precedente institucional
La desclasificación de toda la documentación en poder del Gobierno relacionada con el intento fallido de golpe de Estado del 23-F no ha aportado novedades significativas al conocimiento de aquel episodio catártico del proceso de democratización de España. Esa es una buena noti...
cia. La ausencia de revelaciones espectaculares, que ha podido frustrar las expectativas de quienes prefieren creer que el presente siempre lo traza una mano negra en la oscuridad, tiene una virtud política indiscutible. Todavía más en tiempos en tiempos en los que el extremismo cabalga sobre los bulos y las redes.
Frente a las teorías de la conspiración que comenzaron casi inmediatamente después de la asonada y han circulado durante cuatro décadas, sin otro aval que el rumor interesado o la sospecha sin pruebas, las notas, informes y papeles confidenciales puestos por fin a disposición de los ciudadanos obligan a concluir que no hay alternativa al relato asentado sobre los sucesos del 23 de febrero de 1981. Y es bueno que así sea porque, primero, es un motivo de confianza en nuestra capacidad para reconstruir episodios controvertidos de nuestro pasado reciente desde el rigor profesional a pesar del secretismo oficial. Dicha tarea de contar el origen, desarrollo y desenlace del golpe la asumieron muy pronto algunos de los mejores los periodistas de la Transición y luego los historiadores, con sus respectivos métodos de trabajo: acudiendo a los testimonios, contrastando, buscando en las hemerotecas, abriendo cajas y más cajas en los archivos y poniendo la lupa sobre las fuentes primarias accesibles.
