Tras presentar un oscuro y confuso plan financiero, la presidenta quiere dar este jueves cerrojazo a la larga lista de desmanes educativos de la inexperta ‘troupe’

Desde que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso llegó al poder en 2019, ha negado la asfixia financiera de las universidades públicas. Heredó el ahogamiento y ha vendido los pequeños incrementos presupuestarios como “históricos”. El martes cerró un acuerdo con los rectores menos generoso de lo que parece ―los 14.800 millones son en realidad 9.000 cuando se quitan conceptos como las matrículas o los 2.500 millones que tienen que recaudar los campus por sus medios, según los cálculos de las plataformas de la Universidad X la Pública― y lleno de interrogantes, porque solo ha trascendido una confusa nota de prensa. La oposición y las plataformas por la escuela pública no dudaban estos días de que el pacto sería un hecho antes de que este jueves Isabel Díaz Ayuso comparezca a petición propia para explicar por qué ha cambiado al consejero de Educación, Emilio Viciana, por la combativa Mercedes Zarzalejo.

Viciana es miembro del clan de los pocholos, un grupo de cargos inexpertos y reaccionarios que, desde junio de 2023 y hasta el mes pasado, gestionaron los 7.000 millones porque su líder, el dramaturgo Antonio Castillo Algarra, era confidente de Ayuso. Este diario reveló su existencia en noviembre, aunque se han hecho célebres tras su salida. A Algarra se le atribuye el polémico e intrusivo anteproyecto de ley de educación superior (Lesuc) que ha caído con los pocholos o un intento de frenar el bilingüismo en las aulas madrileñas.