La fiscal general ha compensado el nombramiento de fiscales de su confianza con otros bien recibidos por la asociación conservadora
Los 17 nombramientos efectuados este viernes por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, confirman que ha ejercido la autoridad que supone este cargo, con la
el="" title="https://elpais.com/espana/2026-02-24/la-fiscal-general-del-estado-ante-su-primera-prueba-para-sanar-las-heridas-de-la-institucion-19-nombramientos-en-la-cupula.html" data-link-track-dtm="">designación de fiscales de su confianza para puestos clave. Pero ha tratado de compensarlo con otros que pudieran ser bien recibidos por la conservadora Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera. El acuerdo pleno era inviable, ya que esta asociación promocionaba a miembros de la carrera fiscal muy significados por las vicisitudes de la causa del procés. Es el caso de Consuelo Madrigal, ex fiscal general nombrada por el Gobierno del PP, y de Jaime Moreno, que no han obtenido las jefaturas de dos de las cuatro secciones de lo Penal del Tribunal Supremo, a las que aspiraban.
En medios de la propia AF se admite que no cabe sorpresa alguna por esta decisión. Desde la óptica del nuevo equipo de Peramato, es lógico que, en una carrera jerárquica, como es la del ministerio público, se busque asegurar la mejor comunicación con los fiscales jefe en una Sala del Supremo que, como sucede con la de lo Penal, lleva asuntos de la mayor trascendencia pública, entre ellos los que afectan a aforados, que lo son en virtud de los cargos públicos que desempeñan.
