Deja sin promoción a fiscales del ‘procés’ pero busca el equilibrio entre las distintas sensibilidades de la carrera fiscal
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se ha enfrentado este viernes a su primer gran desafío desde que llegó al cargo, el pasado diciembre, bajo la promesa de “sanar heridas”, las abiertas en la institución por la causa penal contra su antecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, que acabó inhabilitado. Peramato debía elegir entre 86 candidatos para ocupar 19 plazas, entre ellas seis en la sección penal de la Fiscalía del Supremo, el tribunal que lo condenó por revelación de secretos. La jefa del ministerio público ha optado por una solución salomónica que busca el equilibrio entre las distintas sensibilidades de la carrera fiscal. No obstante, ha abogado por ascender a miembros clave del antiguo equipo de García Ortiz, como Ana García León y Diego Villafañe, dejando fuera a abiertos críticos con la gestión de su predecesor, como los fiscales del procès Consuelo Madrigal y Jaime Moreno o la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra.
En esta convocatoria, las plazas más codiciadas eran tres de las cuatro jefaturas existentes en la sección penal de la Fiscalía del Supremo: las que han dejado libres la propia Peramato, el también fiscal del procés Fidel Cadena por su reciente jubilación y José Javier Huete, que aspiraba a la renovación. Entre los candidatos estaban García León, jefa de la Secretaría Técnica ―la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado― y número 27 del escalafón; Madrigal, ex fiscal general del Estado, Moreno y otros tres fiscales que, al igual que ellos dos, ya ejercen en el Tribunal Supremo. Peramato se ha decantado por García León, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ―a la que perteneció García Ortiz―, que ha desarrollado buena parte de su carrera en los cuarteles generales del ministerio fiscal; Huete, de talante conservador; y María Farnés, fiscal procedente de Canarias que no está asociada.
