El exministro socialista denunció que era víctima de una “pena anticipada”
El exministro de Transportes José Luis Ábalos hizo su último alegato en libertad el pasado 27 de noviembre ante el magistrado del Tribunal Supremo que horas después le mandaría a prisión preventiva por el elevado riesgo de fuga ante el inminente juicio por los presuntos amaños de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. “Sigo manteniendo mi inocencia. Ya sé que no es creíble”, dijo en esa declaración, a cuyo vídeo ha tenido acceso EL PAÍS.
En esa comparecencia, el que fuera número tres del PSOE se centró en refutar, desde una visión humana ―la jurídica corrió a cargo de su entonces abogado, Carlos Bautista―, los argumentos que puso sobre la mesa el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. El fiscal describió un “torrente de indicios” contra Ábalos que, en caso de condena, el acarrearán no menos de 12 años y medio de cárcel, al tiempo que afeó que en el año que ha durado la investigación el exdirigente socialista no ha sido capaz de armar “un relato coherente” que permita desmontar las acusaciones en su contra.
Luzón también se detuvo a analizar la situación personal de Ábalos para reivindicar que “la condición de representante político no puede blindar la acusación frente a una investigación penal”. Más allá del aforamiento por su (entonces) estatus de diputado nacional, dijo, “ningún privilegio puede deducirse de su condición política”. “La pertenencia al Gobierno de España, por tanto, su integración en el Poder Ejecutivo, fue lo que le permitió haber cometido los graves delitos de los que se le acusa. Entendemos que no parece legítimo esgrimir esta pertenencia a éste ni a ningún otro poder del Estado para ponerse fuera del alcance de las responsabilidades penales (...). En definitiva, del alcance de la Justicia, que muy expresiva y simbólicamente se representa con una venda en los ojos”, afirmó.
