La sentencia del Supremo sobre los aranceles es el último episodio en una serie de reveses judiciales al Gobierno republicano. Ciudadanos y organizaciones intentan revertir con demandas las políticas de la Casa Blanca
Tras respaldar a Donald Trump en dos docenas de casos durante el último año, lo que reforzó sus poderes y le permitió implementar a su antojo políticas sobre inmigración, servicio militar o la función pública federal, el Tribunal Supremo propinó este viernes un severo correctivo a una de las prioridades de su mandato, la guerra arancelaria.
2-20/las-claves-de-la-sentencia-del-supremo-sobre-los-aranceles-que-supone-a-que-paises-afecta.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/internacional/2026-02-20/las-claves-de-la-sentencia-del-supremo-sobre-los-aranceles-que-supone-a-que-paises-afecta.html" data-link-track-dtm="">En una sentencia trascendental, el Supremo declaró ilegal buena parte de los gravámenes impuestos, al considerar que el presidente de EE UU excedía sus poderes según la ley federal.
Pero la justicia ha ido más allá de los aranceles en los 13 meses transcurridos desde que el republicano volvió a la Casa Blanca. Más de 650 demandas judiciales han intentado, y en muchos casos, logrado frenar su intento de transformar radicalmente la Administración federal —mediante el despido masivo de funcionarios, la derogación de la ciudadanía por nacimiento o políticas medioambientales abiertamente antiecológicas—, según Lawfare, una página web que recoge los recursos interpuestos contra las medidas ejecutivas del Gobierno de Trump. Lawfare traza los litigios relativos a cuestiones de seguridad nacional y, en concreto, los que impugnan las deportaciones masivas ordenadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una antigualla de 1798 que Trump ha recuperado para, como prometió en la campaña electoral, limpiar EE UU de inmigrantes.
