Tras una semana en la que se ha vivido un repunte de asesinatos machistas, el ministerio recomendará este lunes al CGPJ y a la Fiscalía imponer una distancia mínima de 350 metros en las órdenes de alejamiento
El pasado domingo, en Ibiza, un hombre de 34 años con una orden de alejamiento y una pulsera antimaltratadores entró en la casa de su expareja y comenzó a golpearla una y otra vez. Los primeros en llegar a esa vivienda en Sant Antoni fueron la madre, la hermana y el padre de ella, a los que el agresor también golpeó. Él fue detenido poco después por agentes de la Guardia Civil, los familiares fueron atendidos por contusiones, y ella, de 31 años, entró en la UCI, primero a la del Hospital Can Misses, en estado crítico, con diversos traumatismos y heridas, y después a la de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde lleva toda la semana bajo estricta vigilancia médica. La investigación determinará qué sucedió con el dispositivo de alejamiento: si falló o no. Igualdad, por el momento, afirma que funcionó correctamente. Pero señala un problema de base, la distancia impuesta en esa orden de alejamiento, que es la que marca la distancia a la que salta la pulsera: 100 metros.
En 100 metros, dicen desde el departamento de Ana Redondo, “la capacidad de reacción es muy complicada porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen complicado llegar a tiempo de evitar agresiones”. Para este, como para otros muchos casos, explican que 350 metros “es la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema”, el de las pulseras antimaltratadores. Y ese perímetro mínimo será una de las “recomendaciones” que este lunes Igualdad haga tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado.
