Las políticas para hacer frente a los fenómenos extremos deben incrementar los esfuerzos de mitigación sin dejar de poner el foco en la adaptación
La ciencia lo ha confirmado: el cambio climático hizo más intensa y extensa la dana que asoló Valencia y que dejó tras de sí
ck-dtm="">más de 230 muertos, tierras anegadas, negocios arruinados e infraestructuras destrozadas. No es la primera vez que ocurre. Los estudios de atribución encontraron también la crisis climática tras la virulencia de Filomena o de los incendios que arrasaron el pasado verano grandes extensiones de Castilla y León y Galicia. Aunque hacen falta estudios de atribución, es posible que también lo hagan con el tren de borrascas que no cesan y que ha obligado a evacuar a más de 11.000 vecinos del sur de España y otros tantos en Portugal, se ha llevado la vida de 16 personas en la península Ibérica y ha provocado pérdidas millonarias.
Paradójicamente, todas estas evidencias que estamos viviendo en tiempo real, y que se suman a las que la ciencia va acumulando, coinciden en el tiempo con el incremento de posiciones políticas negacionistas o retardistas. Si negar el cambio climático hoy es desoír la ciencia, el conocimiento y la experiencia, ejercer el retardismo que busca ralentizar y aplazar las políticas de transición ecológica es hacer dejación de responsabilidades, poner en riesgo la vida de miles de personas y permitir la ruina de territorios y sectores económicos. En definitiva, es un ejercicio de antipolítica. Porque, ¿para qué está la política si no es para velar por el bienestar y la seguridad —en todos los sentidos— de la ciudadanía?
