El rapto de una senadora y una sorpresiva defensa en bloque del bolsillo de los colombianos agitan un tablero electoral aún indefinido
Un secuestro en una carretera montañosa del suroeste colombiano recordó el martes que en Colombia nadie está del todo a salvo. La víctima fue la senadora indígena Aida Quilcué y su equipo de seguridad. Un grupo de hombres armados interceptó su camioneta y los hizo desaparecer durante horas. Todas las fuerzas del orden se movilizaron para encontrarlos. Aparecieron vivos. Pero el mensaje ya estaba enviado. Si a una senadora con escoltas la pueden borrar del mapa, aunque sea por unas horas, ¿qué queda para aquellos sin apellidos ni protección?
Ocurrió en plena campaña. Falta menos de un mes para las legislativas del 8 de marzo y tres meses para la primera vuelta presidencial. No es un caso aislado. La semana pasada guerrilleros a cara descubierta ametrallaron el vehículo de los escoltas de otro senador. Los asesinaron mientras uno grababa. Resultó que se habían saltado un retén de una guerrilla, que ni siquiera había un plan contra el candidato, pero era un recordatorio de que los grupos armados controlan buena parte del territorio del país. Esta misma semana alguien incendió unas vallas publicitarias de Juan Carlos Pinzón, uno de los candidatos presidenciales de la derecha.
