La arrolladora mayoría absoluta de la primera ministra favorece la estabilidad del país, pero no justifica cambiar el compromiso constitucional con la paz y la democracia
Poco después de llegar al cargo de primera ministra de Japón (la primera mujer en hacerlo), Sanae Takaichi pidió disolver la Cámara de Representantes para intentar lograr una mayoría absoluta de su partido, el Liberal Democrático (PLD), que pusiese fin a un periodo de inestabilidad política —con cuatro primeros ministros en cinco años—, sin su tradicional socio de gobierno, el centrista Komeito, que en octubre pasado rompió la coalición que había mantenido durante 26 años. La decisión de convocar unos comicios con poca antelación (solo 16 días de campaña) y en pleno invierno (en un país donde muchas regiones registran fuertes nevadas en febrero) no ha estado exenta de polémica.
Pese a la nieve, los japoneses han respondido con creces a la petición de la política ultraconservadora: el PLD ha conseguido 316 de los 465 escaños en liza, su mejor resultado, y por primera vez en la historia del Japón democrático un partido supera los dos tercios en la Cámara Baja. Esto sería suficiente para impulsar una reforma constitucional, siempre y cuando logre convencer a suficientes miembros del Senado, donde el partido de Takaichi no tiene mayoría.
