El equipo técnico espera aún la autorización judicial para revisar las cajas negras de los trenes y elegir el laboratorio que analizará las pruebas
El relevo al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), con la jueza Cristina Pastor Recover ya en posesión de la plaza en lugar de la jueza sustituta Carmen Troyano, marca un punto de inflexión en la investigación técnica sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El pleno de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que preside Iñaki Barrón, ha sido convocado en sesión extraordinaria este miércoles para hacer recuento del material recabado para su análisis; examinar si son precisos nuevos requerimientos, y trazar las líneas maestras del que será el informe definitivo sobre las causas del siniestro, que envolvió a un tren de Iryo y un segundo de Renfe el pasado 18 de enero.
Fuentes cercanas a los preparativos del texto apuntan que en el capítulo de recomendaciones se apretará al gestor de la infraestructura Adif para que destine mayores recursos al mantenimiento de las redes, se incluyan protocolos más exigentes para la instalación y soldadura de carriles, y se aplique todo el rigor posible en las inspecciones de obras, como fue la de renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Con ello se trataría de exigir la plasmación del compromiso recién firmado por el Ministerio de Transportes, ante los sindicatos del sector ferroviario, de destinar 1.800 millones extra al cuidado de la infraestructura ferroviaria entre 2026 y 2030, adicionales a los 7.000 millones que ya estaban presupuestados. La elaboración y publicación del informe definitivo puede llevar aún varios meses.
