Transportes se apoya en la declaración de emergencia para acelerar con 10 días de obras en el punto del siniestro y reabrir en su totalidad la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad
La jueza Carmen Troyano, al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) hasta el próximo 9 de febrero, y, a partir de esa fecha, su compañera Cristina Pastor Recover, que tomará entonces posesión de la plaza de titular, marcan y marcarán los tiempos de las dos investigaciones (coordinadas y en paralelo) que tratan de arrojar luz sobre el accidente ferroviario del domingo 18 en Adamuz (Córdoba): la de la Guardia Civil, que debe dirimir las posibles responsabilidades penales de lo ocurrido, y la que llevan a cabo ya en Madrid los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cuyo objetivo es establecer protocolos para evitar que en el futuro vuelva a producirse un accidente de estas características.
Entre ambas partes se han repartido la custodia de numerosos elementos de prueba clave en las pesquisas. El Ministerio de Transportes obtuvo ayer miércoles permiso del juzgado para iniciar las obras de reconstrucción del kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Es la zona cero de la tragedia que dejó 45 víctimas mortales y 123 heridos por el descarrilamiento de los tres últimos vagones de un tren de Iryo y su posterior colisión, tras invadir parte de la vía contraria, con un convoy Alvia de Renfe.
