La oferta de diálogo con Estados Unidos lanzada por el presidente Díaz Canel debe traducirse en pasos concretos y urgentes hacia la democracia
La escasez de combustible ha dejado Cuba paralizada: largas filas para obtener unos pocos litros de gasolina, transporte público reducido a casi nada, apagones que superan las 12 horas diarias y la falta de productos básicos que atraviesa cada aspecto de la vida cotidiana. El desastre, tal como lo describen muchos cubanos, se siente apocalíptico.
Este escenario no surgió de la nada. Donald Trump ha apostado por una presión máxima sobre el régimen cubano, que ha resultado en un bloqueo económico y energético de facto. Trump ha asegurado que aplicará aranceles a países que suministran petróleo a la isla, bloqueado envíos desde Venezuela e impulsado una retórica beligerante que sitúa a Cuba como una “amenaza” que debe ser aislada. La primera consecuencia ha sido asfixiar aún más a una población que ya venía cargando décadas de estrecheces.
La rigidez de las autoridades de La Habana ha profundizado la crisis. La economía no ha sido reformada; el sector productivo sigue anclado en esquemas ineficientes, y la dependencia de suministros externos nunca fue sostenible. En un momento en que se requería apertura, las políticas han repetido fórmulas del pasado, dejando al país en una situación de vulnerabilidad extrema.
