La laxa política de moderación de contenidos del servicio de mensajería instantánea lo ha convertido en un hervidero de actividad criminal
Buena parte de los ocho millones de usuarios españoles de Telegram recibieron el miércoles por la noche un mensaje del fundador y máximo responsable de la aplicación, Pável Dúrov. El magnate ruso hacía referencia a las “regulaciones peligrosas” que anunció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre las que se cuentan prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y atribuir la responsabilidad legal de las posibles infracciones de las plataformas a sus directivos. “Estas medidas pueden convertir a España en un Estado vigilado bajo el pretexto de la protección”, escribió. Lo que no dijo es que Telegram es ajeno a toda vigilancia, tanto la propia como la de terceros, ya que contribuye a la difusión de bulos y desinformación en este y otros países y ha sido durante años el canal de comunicación preferido de los cibercriminales.
La reputación de la aplicación fundada por Dúrov deja mucho que desear. Las autoridades saben que Telegram gusta, y mucho, a los delincuentes. Por eso, y por no hacer nada por remediarlo, Dúrov, que tiene pasaporte ruso, francés y emiratí, fue detenido el 24 de agosto de 2024 a las afueras de París en cuanto bajó las escaleras de su jet privado. Se le acusó, entre otros, de complicidad en la difusión de imágenes pedófilas en la red de mensajería instantánea que dirige, muy usada para actividades criminales. Los cargos que afronta podrían sumar hasta 10 años de cárcel. Mientras, pese a que la investigación de las autoridades francesas sigue activa, el empresario volvió en marzo del año pasado a Dubái, donde se exilió en 2014.
