El plazo de medio año para subir el impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública concluye sin recibir el aval del Congreso
España no ha podido subsanar los incumplimientos del plan de recuperación que llevaron a la Comisión a suspender unos 1.100 millones de euros en su último pago. El Gobierno no ha podido sacar adelante en el Congreso la equiparación fiscal del diésel a la gasolina ni la reforma de la función pública que debía compensar debidamente a los funcionarios interinos. Ninguno de los dos compromisos se habían cumplido cuando en julio Bruselas autorizó el quinto pago, que ascendía a más de 24.100 millones. Se abrían entonces sendos plazos de seis meses que vencen este enero sin que haya habido avances.
La pérdida de dinero, aunque probable llegados a este punto y dado el clima parlamentario, no es automática. El Ejecutivo de la UE todavía tiene que preparar la evaluación oficial, apuntan fuentes de la propia Comisión. Además, como recoge el reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia, una vez el Ejecutivo de la UE ha llegado a una conclusión en la que debe estar contemplada la “reducción proporcional” por los incumplimientos, todavía se abre un periodo de dos meses adicionales para que el país afectado presente sus observaciones. Por esto último, en el Gobierno español avanzan que “no renuncian a los fondos y harán todo lo posible para conseguir el 100%”, a la par que reconocen que esperan poder encontrar fórmulas para ello.
