Hacienda ha trasladado a las comunidades que si el Congreso tumba sus objetivos presupuestarios les exigirá equilibrio

El Gobierno ha activado la maquinaria presupuestaria y pretende llevar al Congreso, antes de que termine el año, la senda de estabilidad para los años 2026, 2027 y 2028. Esta hoja de ruta marca los objetivos de déficit de comunidades y ayuntamientos y supone un paso previo decisivo para la elaboración de las cuentas públicas, pero desde hace tiempo se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo: el año pasado, su senda

os-presupuestos-y-obliga-al-gobierno-a-presentar-de-nuevo-los-objetivos-de-deficit.html" data-link-track-dtm="">fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox y Junts, y este año tampoco las tiene todas a su favor para conseguir el plácet de las Cortes. Si el bloqueo parlamentario volviera a materializarse, el Ministerio de Hacienda ya ha avisado de que se esfumaría el colchón extra de gasto de 5.485 millones que ha ofrecido a las comunidades para el periodo, un mapa donde Madrid y Cataluña deberían renunciar a los mayores importes: unos 1.000 millones cada una en tres años.

Estos cálculos los ha elaborado el propio departamento dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en medio del pulso que tiene a cuenta de la senda de déficit con la oposición y las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP. La titular de Hacienda les ofreció el lunes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se reunió con los consejeros autonómicos del ramo, un déficit del 0,1% para cada ejercicio. Es decir, que cada año podrían gastar más de lo que ingresan hasta un máximo de una décima de su PIB.