Los empresarios defienden en el juicio la legalidad de los pagos al hijo mayor del ‘expresident’, pero admiten que no hay justificación documental de sus labores
Jordi Pujol Ferrusola es el único de los siete hijos del expresidente catalán que ha acudido, esta semana, a las sesiones del juicio contra la familia en la Audiencia Nacional. Desde que el juez eximió a los acusados de la obligación de estar allí cada día, la bancada permanece casi siempre vacía, desangelada. Pero ahí ha estado, atento, el primogénito, escuchando los testimonios de empresarios de los que recibió, durante años, comisiones millonarias por supuestas labores de intermediación sin rastro documental; o con los que emprendió negocios que en algunos casos fueron verdaderos pelotazos. Sin que ninguno de los testigos haya vinculado esos pagos tan generosos a actividades ilícitas, lo que ha quedado claro estos días es que Júnior fue un intermediario sin igual, el rey Midas de los comisionistas.
Si el expresidente Jordi Pujol, de 95 años, es el protagonista político de un juicio histórico, el foco jurídico está puesto en su hijo mayor. Buena parte de los testigos que comparecen estas semanas han sido llamados para aclarar sus negocios con el hombre que, entre otras cosas, se encargó de gestionar la fortuna oculta por la familia en Andorra durante casi tres décadas. La Fiscalía pide 29 años de cárcel para el mayor de los Pujol Ferrusola. Considera que los pagos de las empresas, algunas adjudicatarias de la Generalitat, no respondían a ningún trabajo real, sino que eran una tapadera por su papel como “conseguidor” en adjudicaciones públicas. La tesis de Anticorrupción, en última instancia, es que esos pagos nutrieron los fondos de la familia en el extranjero y que, por lo tanto, la fortuna oculta a Hacienda procede de la corrupción política, algo que los Pujol niegan con vehemencia.
