El plan reduce la dispersión en la financiación por habitante ajustado que provoca el sistema actual y que genera agravios comparativos, pero es previsible un frente de comunidades autónomas en contra
La propuesta presentada este viernes por la ministra de Hacienda combina elementos claramente positivos con otros que van a dificultar su éxito. ...
Lo primero que destacar es que se trata de una reforma del sistema actual y no una ruptura como la que suponía la literalidad del acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. España no necesita más sistemas de conciertos ni fragmentación de la Agencia Tributaria. Afortunadamente, la propuesta despeja esto y nos vuelve a situar en una senda federalista. Un alivio.
El plan también es positivo porque reduce la dispersión en la financiación por habitante ajustado que provoca el sistema actual y que genera agravios comparativos. Todos ganan, pero mucho más quienes están peor tratados por el sistema actual (Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía) y mucho menos los que se situaban en las primeras posiciones (La Rioja, Cantabria y Extremadura).
En el terreno de la transparencia y la operativa se divisan luces y sombras. Es verdad que se eliminan fondos que complicaban el modelo, pero se crean otros; es un paso adelante que las comunidades reciban el dinero que les toca sin tener que esperar por las liquidaciones que se producen con un retraso de dos años, pero no es evidente que lo sea el tratamiento diferenciado del IVA que recaudan las pymes.
