El Gobierno debe cumplir su promesa de presentar un nuevo sistema de financiación a las comunidades equilibrado y justo
La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, comunicó ayer a los representantes de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que a principios del próximo año, entre enero y febrero, presentará una propuesta para nuevo modelo de financiación autonómica. El anuncio es una buena noticia, porque de esta bolsa dependen los recursos para los servicios más cercanos al ciudadano, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que prestan las comunidades. No puede caer en saco roto como pasó con iniciativas anteriores: la reforma del sistema es imprescindible y urgente, y el momento económico es propicio para llevarla a cabo. El actual sistema entró en vigor en 2009 con el compromiso de revisarlo a los cinco años. Sin embargo, ningún gobierno desde entonces ha cumplido con la tarea.
La reforma de la financiación autonómica es un asunto técnicamente endiablado y políticamente espinoso, que genera grandes fricciones y sobre el cual es difícil encontrar un consenso. Las propias comunidades del PP, que gobiernan en la mayoría de los territorios —11 de las 15 comunidades de régimen común—, no tienen una posición unitaria al respecto. Los partidos independentistas catalanes han pactado con el PSOE una “financiación singular” para Cataluña a cambio de apoyos a los gobiernos catalán y central.
