El exconcejal marbellí salda sus cuentas con la justicia y regresa a España para estar con su familia casi dos décadas después de convertirse en el más buscado del ‘caso Malaya’
Carlos Fernández pasó la Navidad de 2006 en una plaza de Buenos Aires, rodeado de desconocidos. No podía tener contacto con sus padres, su hermano o su tía, que es como una hermana para él, porque la Policía les había intervenido los teléfonos y les había estado siguiendo. Habían pasado casi seis meses desde el 27 de junio, el día que decidió convertirse en un fugitivo en lugar de acudir a declarar ante el juez Miguel Ángel Torres, intructor del caso Malaya, contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga, 160.000 habitantes). “Compré comida y me vi solo, empecé a pensar en cómo estarían ellos, en qué estarían pensando. Sabía que mi vida a partir de ahí no iba a ser lo mismo”, cuenta en una entrevista a EL PAÍS. Fernández, el prófugo más mediático de la operación Malaya ―que provocó la primera disolución de un Ayuntamiento en democracia ― ha tardado 19 años en volver a pasar estas fiestas en la Costa del Sol.
Con 59 años, el pelo canoso y el mismo trato amable de cuando tenía 38, vuelve a ser un hombre libre en España. Era uno de los concejales del Partido Andalucista investigado por recibir sobornos del exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca. La contabilidad del considerado “cerebro de la trama” le atribuía cobros por 150.000 euros situados junto a las iniciales C.F. “¿Crees que merece la pena irse por 150.000 euros?”, pregunta de manera retórica. “Te garantizo que no. Roca no me pagó nada”, defiende. No fue al juicio, ni cumplió ninguna pena, aunque sí estuvo tres meses en prisión preventiva en Argentina, donde consideraron prescrita la causa en 2017, 11 años después de decidiera poner 10.400 kilómetros de por medio.
