La intervención militar de Estados Unidos contra el cruel régimen autoritario de Maduro vulnera el derecho internacional; es necesaria una desescalada inmediata para una solución democrática y pacífica
La captura del presidente Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela que vulnera las leyes internacionales abre un escenario peligroso. El riesgo de este momento es doble. Por un lado, que se pretenda presentar una operación militar como sinónimo de liberación democrática. Por otro, que el chavismo utilice la intervención extranjera y la captura de su líder como coartada para cerrar filas, militarizar aún más el país y justificar una represión sin límites bajo el discurso de la defensa nacional. Ninguna de las dos narrativas resiste un análisis serio. La violencia, venga de donde venga, no construye instituciones ni restituye derechos.
La decisión de Donald Trump culmina un año de política exterior impulsiva, personalista, que ignora las normas multilaterales. Trump no actúa aquí como garante de la democracia, sino que sitúa la fuerza por encima del derecho. Otras potencias tomarán nota de las nuevas reglas cuando miran a Taiwán o a Ucrania. Señalarlo no es una defensa del régimen venezolano, sino una advertencia: la democracia no se exporta a golpe de misil ni se impone desde el aire. Mucho menos cuando quien la invoca ha mostrado reiteradamente su desprecio por las instituciones.
