El reciente despliegue de tres destructores de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas constituye una nueva escalada en la relación bilateral, una demostración de fuerza de Washington que parece carecer de un propósito claro más allá de agravar las tensiones. Estados Unidos esgrime acusaciones vagas, sin evidencias públicas sólidas, sobre narcotráfico y vínculos de Maduro con el venezolano Cartel de los Soles, al tiempo que ofrece una recompensa para su captura de 50 millones de dólares. En respuesta, Nicolás Maduro ha movilizado a 4,5 millones de milicianos, presentando la medida como una defensa de la soberanía. Sin embargo, es un instrumento más de propaganda autoritaria, respaldando al aparato militar a costa de desmantelar espacios políticos. Este paso se da en un contexto donde la narrativa institucional se rearticula en torno a la supervivencia del régimen, elevando su discurso de amenaza y conspiración frente al “imperialismo” estadounidense.
La actitud del Gobierno de Donald Trump es, cuanto menos, desconcertante. No solo por el tono beligerante, sino por la contradicción flagrante de su política. Mientras el Departamento de Justicia pone precio a la cabeza de Maduro y lo presenta como un narcotraficante, la Casa Blanca autoriza simultáneamente el regreso de Chevron a la explotación petrolera en Venezuela y abre el camino a una normalización selectiva de las relaciones económicas.
