Pocas semanas después de la renovación de la licencia de la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela, y de haber acordado un intercambio de prisioneros políticos, la tensión entre Washington y Caracas ha escalado vertiginosamente. Incluso con un componente militar que tiene pocos precedentes bilaterales.
Después de impulsar la distensión entre los dos países, el Gobierno de Donald Trump dio media vuelta para caminar en la dirección opuesta. El 7 de agosto pasado, la Casa Blanca elevó hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que pueda conducir a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles. Esta semana, inició el despliegue en los límites marítimos de Venezuela de tres destructores, 4.000 marines, aviones de combate y submarinos como parte de una operación contra el narcotráfico.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está decidido a usar “todo su poder” para frenar el tráfico de drogas desde Venezuela. “El régimen de Nicolás Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Para esta Administración, Maduro es un narcotraficante, un líder fugitivo de este cartel”, dijo Leavitt.
