El Gobierno belga frenó el uso de los activos del Kremlin ante las dudas legales que generaba y el peligro de acabar en los tribunales de arbitraje
Entre las primeras autoridades europeas y financieras que arquearon una ceja cuando se empezó a hablar de usar los activos rusos bloqueados en la UE para financiar a Ucrania, estuvo la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Era el 19 de septiembre. La última pregunta de la rueda de prensa tras la reunión informal de ministros de Finanzas de la zona euro en Copenhague se la adjudicó ella para pedir desde el atril una pequeña aclaración a Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Finanzas, que estaba justo a su derecha en el podio, sobre lo que había dicho acerca de ese préstamo que estaba preparando el departamento que dirige el político letón. Fue solo un detalle. Nada más. Pero expresaba las dudas que ya existían.
Las reservas que pudiera tener la francesa han sido, desde luego, mucho menos ruidosas que las que ha mostrado el primer ministro belga, Bart de Wever, que en la misma ciudad, unos días después, ya empezó a mostrar sus reticencias. Las mismas que fueron creciendo y que este mismo jueves hicieron imposible usar los activos que el Banco Central de Rusia tiene en la UE y forzaron un plan b: el recurso de los eurobonos para dar un préstamo a Ucrania de 90.000 millones en 2026 y 2027.
