La operadora tiene que retener aún pagos al fabricante por más del 25% de los 116 millones impuestos por el retraso en la entrega de los trenes Avril, a lo que se sumará una nueva sanción por la demora con la serie 107
La operación de restructuración financiera de Talgo y la entrada en su capital del consorcio vasco que lidera el empresario José Antonio Jainaga, también de la sociedad estatal SEPI, afrontan este viernes su hito definitivo en la junta de accionistas del fabricante de trenes. El consejo que lidera Carlos de Palacio ha dado la recomendación de pasar página en Talgo y ceder las riendas al presidente de Sidenor y demás socios entrantes previa aprobación de un nuevo armazón de financiación y de avales. La instrumental Pegaso va a vender por fin su posición de primer accionista y podrá articularse un nuevo plan industrial que trate de garantizar el futuro de la compañía. Una de las que espera el desenlace, con millones de euros en juego, es Renfe.
La penalización de 116 millones que la operadora pública impuso a Talgo en julio de 2022, por la demora de más de dos años en la entrega de 30 trenes de alta velocidad Avril (serie 106 de Renfe), está aún por cobrarse o, en su defecto, terminar de cubrirse. La dirección de Talgo ha mantenido en pie la advertencia de llegar a los tribunales por esa sanción que contemplaba el contrato, aunque cedió en parte en su resistencia al provisionar en las cuentas de 2024 los 116 millones que reclama Renfe. Fuentes al tanto del conflicto explican que Talgo no ha realizado entrega alguna, haciendo valer su argumento de que incurrió en retrasos por causas ajenas a su gestión, y que Renfe sigue reteniendo los pagos previstos a su proveedor. La cifra que Renfe tiene paralizada, comentan las mismas fuentes, no llega aún al 75% de la penalización.
