Las instituciones deben evitar que se ponga en duda todo un modelo de hacer ciencia en España
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), uno de los orgullos de la ciencia española, está inmerso desde hace meses en la mayor crisis de su historia. El pasado enero, tanto su directora científica desde 2011, María Blasco, como su gerente, Juan Arroyo, fueron cesados por el patronato del centro, entre acusaciones de deterioro de la producción científica, fallos en la estructura organizativa e incluso acoso laboral. El nombramiento de una nueva dirección, en septiembre, prometía abrir una nueva etapa, pero el peso del pasado sigue presente: la denuncia de la existencia de una red de amaño de contratos ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a abrir diligencias.
El documento, presentado a Anticorrupción por un exresponsable del centro cesado en agosto con un expediente disciplinario, dibuja un mapa de empresas satélites, encabezadas por altos cargos directivos del CNIO, que reciben contratos para labores secundarias, encadenados y despiezados para evitar un escrutinio más profundo. La denuncia calcula que el desfalco puede ser hasta de 20 millones de euros en una década; el presupuesto del centro para este año es de unos 40 millones.
