La Moncloa estima que la imprecisión del texto abre el acceso al procedimiento a personas sin residencia legal, por lo que se ha abierto la negociación
El Gobierno central ha advertido a Canarias de que el Decreto-ley 4/2025, aprobado en julio y que regula los procedimientos de valoración y calificación del grado de discapacidad en el archipiélago, podría ser inconstitucional por invadir competencias estatales y entrar en conflicto con la normativa de extranjería. Ambas Administraciones han iniciado un diálogo a través de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias,
k" rel="noreferrer" title="https://boe.es/boe/dias/2025/11/24/pdfs/BOE-A-2025-23792.pdf" data-link-track-dtm="">según recoge este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si no hay acuerdo, el desencuentro acabará previsiblemente en el Tribunal Constitucional.
La discrepancia se centra en el artículo 1.2 del decreto, que establece que podrán solicitar el reconocimiento de discapacidad las personas “empadronadas con residencia efectiva” en cualquiera de los municipios del archipiélago. Para el Gobierno central, esta expresión abre la puerta a interpretar que también podrían hacerlo extranjeros sin residencia legal, siempre que estuvieran empadronados, algo que la Moncloa considera incompatible con el marco jurídico estatal. Para el Estado, esta redacción resulta ambigua y podría interpretarse de manera más amplia que el concepto jurídico de residencia legal. Si esa fuera la lectura, Canarias estaría permitiendo que personas extranjeras sin autorización de residencia pudieran acceder al procedimiento de valoración, lo que a su vez les daría acceso a prestaciones que, según el Gobierno central, no pueden otorgarse a quienes carecen de situación administrativa regular.
