El Gobierno ha resuelto en un mes lo que llevaba meses (e incluso años) sin lograr. El plan de choque que se lanzó en Canarias para poner al día la tramitación de cientos de autorizaciones de residencia de menores extranjeros ha concluido con la valoración de 800 expedientes, según fuentes del Ministerio de Política Territorial. El refuerzo se puso en marcha el pasado 28 de abril en la subdelegación de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, después de que EL PAÍS revelase que de los 5.800 menores migrantes acogidos en las islas solo contaban con sus papeles un 14% de ellos. Había cientos de expedientes que deberían haberse abierto de oficio, pero que estaban acumulando polvo en los cajones.
El plan, concluido el pasado 31 de mayo, incentivó a los funcionarios de Las Palmas para que trabajasen fuera de su horario laboral abriendo y tramitando expedientes pendientes a razón de cinco euros cada uno. Según reconocieron fuentes de la Administración, había 986 expedientes pendientes de tramitación que el personal de esa oficina no era capaz de instruir con la velocidad necesaria. La mayoría (840) correspondían a expedientes de menores que llevaban más de tres meses en las islas y que, al no haber sido documentados por la comunidad autónoma, debían serlo por parte de las oficinas de extranjería.
