50 años después de la muerte de Franco, más de 150 leyes y decretos de la dictadura siguen en vigor

Medio siglo después de la muerte de Franco, los vestigios de la dictadura siguen presentes. Algunos son visibles, como los monumentos (el más espectacular, el Valle de los Caídos, rebautizado como de Cuelgamuros) y las placas fijadas en innumerables inmuebles por toda España. Otros, invisibles, se reflejan en el escaso arraigo de usos y costumbres comunes en democracias con mayor tradición. Y también los hay que pasan desapercibidos, como las normas del franquismo que siguen entreveradas con la legislación democrática hasta confundirse ...

con ella. La Constitución mandó derogar “cuantas disposiciones se opongan” a la misma, pero eso no eso ha impedido que todavía haya más de 150 leyes o decretos de la dictadura, muchos de ellos firmados por Franco, que siguen en vigor, total o parcialmente, según el registro del BOE, mientras que las órdenes o resoluciones no derogadas se cuentan por centenares.

Estas son algunas de las más significativas:

Secretos para siempre. La reforma de la ley de Secretos Oficiales se ha intentado sin éxito en media docena de ocasiones desde la muerte de Franco. La norma vigente se aprobó en 1968 y se retocó en 1978, antes de aprobarse la Constitución. Además de atribuir competencias a un órgano que ya no existe, la Junta de Jefes de Estado Mayor, carece de un mecanismo de desclasificación automática que haga públicos los documentos secretos transcurrido determinado plazo de tiempo, como sucede en la mayoría de los países occidentales. Esto provoca que, una vez clasificados, permanezcan bajo llave eternamente, lo que supone un agujero negro para los historiadores que investigan la reciente historia de España. Luis Manuel Miranda, letrado de las Cortes y autor del estudio Secretos de Estado y transparencia. La difícil convivencia entre el poder y el derecho, considera “urgente” la reforma de la ley porque, además de los motivos citados, hay que homologar las categorías clasificatorias a las que emplean la UE y la OTAN y delimitar al ámbito estricto de la seguridad nacional las materias que se pueden clasificar. El Consejo de Ministros remitió en julio pasado a las Cortes el proyecto de ley de Información Clasificada, que deroga la anterior, pero no está claro que cuente con mayoría en el Congreso para aprobarla.