Naciones Unidas declaró en su último periodo de sesiones “ilegal” el encarcelamiento de decenas de presos políticos
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) concluyó que 49 participantes de las protestas populares e inéditas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021 —que convirtió automáticamente a los ciudadanos en presos políticos—, sufrieron detenciones arbitrarias, desaparición forzada, injustos juicios y condenas, tortura, aislamiento, y discriminación por motivos políticos y religiosos. Cuatro años después de la manifestación, que terminara con la encarcelación de más de 1500 personas, los cubanos y los organismos internacionales siguen exigiendo justicia. “Ha sido un largo camino, pero cualquier condena justa es positiva, por mucho que represente una ínfima parte de la realidad que viven los cubanos”, aseguró a EL PAÍS Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, la ONG que documentó y presentó los casos ante el Grupo de Trabajo.
Los dictámenes del organismo de Naciones Unidas, expuestos durante su 103º período de sesiones, presentan cómo algunos de los detenidos no fueron informados de las razones de su detención, no se les presentó órdenes de arresto, ni estuvieron enterados de sus derechos ante la ley. También reflejan que no fueron llevados ante un juez para impugnar su detención dentro de las 48 horas siguientes a su privación inicial de libertad y que algunos, tras su detención, estuvieron incomunicados por varios días y semanas, sin que se les permitiera comunicarse con sus familiares. Varios casos, además, no tuvieron acceso a un abogado ni fueron presentados ante un juez “que velase por la legalidad del proceso”.
