La operadora participada por el Estado comunicará este lunes a los sindicatos un despido colectivo para ahorrar costes y mejorar la eficiencia
La dirección de Telefónica comunicará este lunes a los sindicatos con mayor representación (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) su intención de realizar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE). El propósito es reducir costes y mejorar la eficiencia en cumplimiento del nuevo Plan Estratégico 2026-2030 que apuesta por la
/2025-11-06/el-coste-de-un-posible-ere-limitara-el-dividendo-futuro-de-telefonica.html" target="_self" rel="" title="https://cincodias.elpais.com/companias/2025-11-06/el-coste-de-un-posible-ere-limitara-el-dividendo-futuro-de-telefonica.html" data-link-track-dtm="">disciplina financiera. Pero el ajuste también tiene una deriva política porque se produce en una empresa en la que el Estado es el principal accionista. Estas son las claves para entender la operación.
Afectación. La cifra inicial de salidas se estima entre 6.000 y 7.000 trabajadores ―entre el 24% y el 28% de la plantilla total en España―, aunque este número se rebajará notablemente durante las negociaciones como sucedió en el ERE de 2024, que pasó de 5.124 de la propuesta inicial a 3.421 trabajadores afectados finalmente. A diferencia de este ajuste, el actual no solo afectará a las tres filiales principales ―Telefónica España, Móviles y Soluciones― que están bajo el amparo del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), sino también a la televisión Movistar+, las filiales Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital, y el centro corporativo.
