La polémica en Santiago por la decisión de un refugio de matar a tres canes salva a dos de ellos, pero los colectivos no logran evitar la “eutanasia” del tercero, para el que ellos ofrecían reeducación:
El joven Gosu llevaba en la perrera de Bando (Santiago) desde el pasado 1 de septiembre. Según los datos que figuran en la ficha pública de su “fallecimiento” en este recinto (a donde van a parar los perros y gatos abandonados o perdidos de 10 municipios), el can registrado con la referencia 508-25, nacido en 2024, pesaba 38 kilos y procedía de Compostela. En el lugar al que fue a parar para acabar muriendo con una inyección el pasado viernes fue catalogado como uno de esos perros que antes se etiquetaban como “potencialmente peligrosos” y ahora se...
dicen de “manejo especial”. Y tuvo la mala suerte de no encontrar en su recorrido vital quién lo “manejase” debidamente. Pudo haberlo hallado, porque cuando ya esperaba en el patíbulo —después de la sentencia de muerte dictada por un patronato mayormente político pero apoyado en informes de una veterinaria y una etóloga— el grupo animalista Abeiro peleó por su cesión para darle “una oportunidad” con una educadora privada.
Ahora, este colectivo que forma también parte del patronato anuncia una ofensiva judicial bajo el lema “Xustiza para Gosu”, con la aspiración de evitar muertes futuras. Esto, en un momento en que la ley estatal reduce al máximo los casos en que se puede justificar un sacrificio, amparado en pruebas e informes y un intento previo de ser reconducido en el caso de los “potencialmente peligrosos”. “Gosu fue sacrificado sin explorarse, evaluarse y autorizarse la alternativa de vida amparada en la legislación autonómica y estatal”, criticaba Abeiro en un comunicado al conocer que se había ejecutado el sacrificio. Las ”acciones legales” anunciadas por la asociación se van a dirigir “contra las personas y administraciones responsables con el fin de determinar quién lo autorizó y sobre qué base técnica o jurídica”.
