El desmantelamiento de las centrales debería ser sufragado directamente por sus propietarios, como sucede en Alemania, Francia o Reino Unido
Las empresas eléctricas españolas están forzando alargar la vida de las centrales nucleares, alegando una rentabilidad insuficiente, lo que evidencia que piensan obtener de ellas ingresos adicionales. Y la verdad es que experiencia no les falta en conseguirlo. De hecho, si lo lograran, este sería su quinto rescate nuclear. Repasemos la crónica de ...
los anteriores.
El primer rescate se produjo en los años ochenta, cuando las eléctricas proyectaron hasta 40 grupos nucleares e iniciaron las obras de 15, dos casi acabados en Lemoiz, a sólo 25 kilómetros de Bilbao, que tuvieron un desenlace dramático por la violencia de ETA y desastroso para Iberduero, su propietario. Pero casi todas las eléctricas habían participado en ese exceso nuclear, que les provocó un sobrecoste del endeudamiento que no pudieron soportar ya que, según declaró en 1984 José María Oriol, presidente de Hidrola, duplicaba la inversión material.
Por ello, el Gobierno socialista las rescató ese año de la insolvencia, deteniendo cinco reactores en construcción, compensando las inversiones efectuadas (4.400 millones de euros) y avalando luego su pago anticipado, lo que elevó su coste hasta 5.700 millones, que los consumidores han estado pagando hasta 2016.
