La comunidad internacional tiene que reaccionar de manera urgente y firme ante el ‘apartheid de género’ de los talibanes
Veintiún millones de mujeres y niñas viven asfixiadas bajo el régimen de Afganistán. Hace ya cuatro años, Estados Unidos y sus aliados, entre ellos España, las abandonaron a su suerte al retirar sus tropas del país tras los Acuerdos de Doha, firmados por los talibanes y EE UU. El pacto, llamado “de paz” y cuyo fin era acabar con Al Qaeda, devolvió a manos de los talibanes a las mismas mujeres a las que se pretendía liberar invadiendo el país dos décadas atrás. Desde aquellos acuerdos, las afganas sobreviven a una represión cada vez más cruenta de sus derechos.
Uno de los momentos más infames tuvo lugar en agosto de 2024, cuando las autoridades de Kabul promulgaron la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, una interpretación radical de la sharía. Entre sus preceptos, que parecen inspirados por el sadismo, están la prohibición de que hablen en público o salgan a la calle con la cara descubierta. Ni en sus hogares, donde viven prácticamente enclaustradas, están seguras: allí tienen vetado leer o cantar.
En el colmo del horror, muchas murieron abandonadas bajo las ruinas tras el fuerte terremoto que sacudió parte del país a finales del pasado agosto. Era estremecedor no ver a mujeres en las imágenes de los rescates; saber que estaban allí, bajo los escombros, y que no iban a ser rescatadas porque los hombres tienen prohibido tocarlas si no son de su familia. No corrieron mejor suerte las que lograron llegar a los hospitales: no había médicas para atenderlas. Las mujeres no pueden estudiar ni trabajar. Naciones Unidas denunció hace un mes que esta prohibición afecta a la asistencia humanitaria, y ACNUR ha tenido que cerrar varios centros de ayuda en las fronteras del país.
