Solo el 36% de la población tiene electricidad, un porcentaje que cae al 15% en las poblaciones más remotas. En algunos pueblos meridionales de la isla africana, iniciativas privadas suplen la oferta energética que no brinda el Estado, pero a un precio más alto
“Queremos vivir, no sobrevivir” y “Hartos de los cortes de luz”. Al grito de estas consignas, miles de jóvenes salieron el pasado 25 de septiembre a las calles de Antananarivo, la capital de Madagascar, y a otras ciudades del país para manifestarse contra los constantes cortes de electricidad y agua que paralizan su día a día. Las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por agentes de policía armados. Según la ONU, al menos 22 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas durante las marchas y los disturbios posteriores, unas cifras que el Gobierno afirma que son inexactas. Sin embargo, para intentar contener la indignación, el presidente Andry Rajoelina destituyó primero a su ministro de Energía y, poco después, disolvió a todo su gabinete.
Este estallido, que recuerda a las protestas juveniles en países como Kenia o Nepal, desvela la fragilidad de un sistema eléctrico incapaz de cubrir las necesidades básicas. En Madagascar, una isla del tamaño de Francia situada al sureste del continente africano, solo el 36% de la población tiene electricidad. En las zonas rurales, esa cifra es aún menor: solo el 15% está conectado a la red eléctrica. Esto se debe principalmente a la falta de financiación en esta nación insular, uno de los países más pobres del mundo. Jirama, la empresa energética estatal del Gobierno de Magascar, es deficitaria y no proporciona suficiente energía a las ciudades más grandes de la isla. Como consecuencia de ello, los usuarios sufren apagones que pueden durar hasta ocho horas al día y condicionan la economía, la educación o la sanidad.
