El Gobierno de Donald Trump, con la complicidad de las tecnológicas, redobla sus esfuerzos para que EE UU no conozca otra realidad que no sea la suya
Mientras afina la máquina de desaparecer inmigrantes para que coma también periodistas, activistas, disidentes y opositores nacionales, la Administración de Donald Trump acelera su plan para deshacerse de todo aquel capaz de informar a la población de sus actividades, incluyendo las consecuencias de su política económica y las huellas de un pasado que quizá sueña con repetir.
El ministerio antes conocido como el Departamento de Defensa ha prohibido a los periodistas que cubren el Pentágono que publiquen información sobre las Fuerzas Armadas que no haya sido previamente aprobada por el Gobierno, bajo pena de perder su acceso. Al mismo tiempo, ha desmantelado la Abogacía General Militar (JAG Corps), que se ocupa de mantener la legalidad y la ética dentro de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Durante la “guerra contra el terrorismo”, los altos funcionarios del ejército autorizaron en Guantánamo métodos de interrogatorio que los JAG consideraron tortura bajo el derecho internacional, protegiendo el derecho de soldados y comandantes a desobedecer, para evitar exponerse a procesos por crímenes de guerra. Sin el apoyo de este cuerpo de abogados independientes, todos los mandos de las Fuerzas Armadas estarán obligados a obedecer órdenes sin resistencia o dimitir.
