La suspensión de la etapa final de la Vuelta a España de 2025, forzada por las protestas contra la despiadada ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza y por la presencia en la prueba del equipo Israel-Premier Tech, ha puesto de manifiesto la incapacidad de los responsables deportivos y políticos para gestionar la convivencia entre el derecho legítimo de manifestación de cualquier ciudadano y la obligación de organizar una competición garantizando la seguridad de los deportistas, que se ha visto comprometida en varias ocasiones durante estos días.
Nadie puede argumentar que no sabía lo que iba a suceder. La indignación social en España por la actuación del Ejército a las órdenes de Benjamín Netanyahu tiene una base real: más de 60.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto en Gaza desde octubre de 2023, y desde entonces miles de españoles han salido regularmente a la calle para exigir al Gobierno y a la Unión Europea acciones concretas para detener la masacre.
En este contexto era previsible que la presencia de un equipo israelí en la Vuelta generara tensión, más aún en un país donde la solidaridad con Palestina ha sido masiva, el Gobierno ha tomado una postura clara y el propio presidente ha mostrado, pocas horas antes del acontecimiento, su “admiración” por las protestas, calentando aún más el ambiente. La organización de la Vuelta y las autoridades concernidas deberían haber tomado con antelación las decisiones necesarias —competitivas o logísticas— para evitar el desastre. A la vista está que eso no ha pasado. Todo lo contrario.
