“Hay lugares donde enseñar básicamente significa sacrificar la vida”, nos dijo recientemente un maestro en Norte de Santander, un departamento al noreste de Colombia. A pesar de los acuerdos de paz de 2016 y de las negociaciones en curso entre el Gobierno y los grupos armados no estatales, los ataques contra la educación en las zonas rurales continúan. Solo en los cuatro departamentos cubiertos por nuestra encuesta reciente, documentamos más de 600 ataques contra escuelas, docentes y estudiantes desde 2020. Más de 140 estudiantes y profesores resultaron heridos o muertos en estos ataques.
Algunos de los más comunes fueron tiroteos cerca de escuelas, ocupación de colegios por parte de fuerzas armadas o grupos armados, extorsiones y amenazas contra docentes, y reclutamiento de niños en los caminos hacia la escuela. Alrededor del 20% de los estudiantes tuvo dificultades de aprendizaje tras los ataques, y las niñas fueron más propensas que los niños a abandonar los estudios. Los estudiantes indígenas y afrocolombianos, así como aquellos con discapacidad, también se vieron afectados de manera desproporcionada.
Alrededor del 25% de los docentes reportó síntomas de trastorno de estrés postraumático después de un ataque, con las mujeres ligeramente más afectadas que los hombres. Problemas de sueño, un estado de alerta constante y sentimientos de desesperanza eran demasiado comunes. Muchos docentes también contaron que colegas huyeron de la zona tras un ataque, lo que resultó en menos profesores en las áreas afectadas.
