Las sanciones que afectan a intereses israelíes anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son una reacción realista y proporcionada ante la despiadada represalia militar ordenada por Benjamín Netanyahu contra Gaza a raíz del brutal ataque de Hamás de octubre de 2023. La indiscriminada operación bélica, que ya ha costado la vida a más de 64.000 palestinos, incluye prácticas como el uso del hambre como arma de guerra o el bombardeo sistemático contra la población civil que son una flagrante violación de los derechos humanos.
Sin embargo, tales prácticas no han tenido coste alguno de peso en términos internacionales ni para el primer ministro israelí ni para la corriente belicista —política y económica— que le respalda en su país. La iniciativa de Sánchez es además coherente con la posición española desde que comenzó el conflicto: demanda de un alto el fuego inmediato, entrada en la Franja de ayuda humanitaria sin restricciones, liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás y una solución permanente basada en la propuesta de los dos Estados sostenida por Naciones Unidas.
Ayer el presidente del Gobierno anunció nueve medidas dirigidas principalmente contra el esfuerzo bélico israelí y contra las personas —entre ellas el propio Netanyahu— ya señaladas por la justicia internacional e investigadas por graves violaciones de los derechos humanos. El embargo de armas que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros mediante un decreto-ley, la prohibición de que aviones o barcos que transporten armas o combustible para el ejército israelí utilicen el espacio aéreo o marítimo español o la prohibición de entrada en territorio nacional a quienes de forma directa —aunque no especifica quiénes— participan en estos hechos van este sentido. El Gobierno prohíbe las importaciones procedentes de los territorios ocupados y refuerza la ayuda a la población palestina y a las agencias humanitarias, así como la presencia española en la zona.
