Las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno para intentar frenar el exterminio de la población palestina –Pedro Sánchez ha utilizado primero el término “genocidio”, poniéndolo en boca de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese,...
y luego asumiéndolo como propio— son un encaje de bolillos entre la realpolitik y el propósito de defender el derecho internacional y dar cauce a la indignación de la población española ante la masacre de más de 64.500 personas en la franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños.
Hay muchas medidas que el Gobierno español no podía adoptar, ya que escapan a sus competencias, como la suspensión del acuerdo de asociación entre Israel y la UE y las ventajas comerciales derivadas del mismo, cuya revisión viene exigiendo España desde hace más de un año. Pero hay otras que estaban en su mano e inicialmente descartó, como las de carácter diplomático.
Estas abarcan una amplia gama: desde la llamada a consultas de la embajadora de España en Israel, Ana Salomon, a la retirada definitiva de la misma o, en último extremo, el cierre de la Embajada en Tel Aviv y la ruptura de relaciones. Aunque su socio de Gobierno Sumar se las ha reclamó, Sánchez no quiso recurrir en principio a ninguna de ellas, ni siquiera la llamada a consultas, que aplicó en 2024 con Argentina y en 2018 y 2021 con Nicaragua; en ambos casos, en respuesta a los insultos y exabruptos de sus respectivos mandatarios. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se había resistido a esta medida por considerar que podía privar a España de interlocución no solo con el Gobierno de Israel, sino también con los grupos de la sociedad civil que se oponen a Netanyahu y, sobre todo, con la autoridad palestina. Cualquier autorrestricción a la actividad de la Embajada española en Tel Aviv podría ser respondida con trabas al Consulado español en Jerusalén, que ejerce como Embajada oficiosa ante el Estado palestino; y limitaría su capacidad para asistir a sus conciudadanos en Israel y a sus familias, como es el caso de Yaakov Pinto, el melillense de 25 años asesinado esta misma mañana en un atentado terrorista en Jerusalén, o de los españoles que ahora navegan en la flotilla que se dirige a Gaza para intentar romper el bloqueo, según fuentes diplomáticas.
