El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes un paquete de sanciones contra Israel, que ha causado la muerte de más de 64.000 civiles en su ofensiva indiscriminada en Gaza. El Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha sometido además a una hambruna a los habitantes de la Franja, donde se contabilizan al menos 382 muertos, 135 de ellos niños, por la falta de alimentos. Mientras, prosigue con su política de expansión de asentamientos en Cisjordania, imposibilitando la viabilidad de un Estado Palestino.
La coalición de PSOE y Sumar trabaja en la aplicación de un embargo de armas a Israel sin excepciones, y que por tanto no se restrinja a la industria militar. La intención es acelerar su entrada en vigor mediante un Real Decreto, aprovechando el contenido de una proposición de ley que Sumar presentó el curso pasado en el Congreso. Los planes del Gobierno es que el embargo se pudiese aplicar de modo inmediato, según fuentes gubernamentales. La idea es que el embargo prohíba la venta, suministro, transferencia o exportación de armamento y tecnología con destino directo o indirecto a Israel. Se aplicaría tanto a entidades públicas como de empresas privadas. La nueva ley prohibiría la importación de productos militares procedentes de Israel como armas de fuego, munición, material antidisturbios o asistencia técnica. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, ha propuesto que los ministros de Sumar se ausenten del Consejo de Ministros si no se aprueba mediante un real decreto el embargo de armas a Israel.
