Con el inicio del curso político, la tensión entre el Gobierno turco y la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, centroizquierda), ha vuelto a dispararse. Va, de hecho, camino del enfrentamiento abierto a medida que se intensifica la presión policial y judicial sobre los socialdemócratas, con detenciones, medidas cautelares y juicios que amenazan con dividir la formación opositora y revertir, así, su auge electoral.
Este lunes, la sede provincial del CHP en Estambul —la principal agrupación del partido, con alrededor de un cuarto de los casi dos millones de militantes que tiene a escala nacional— amaneció rodeada por cientos de agentes antidisturbios. El extraordinario despliegue policial, que obligó a cortar varios carriles de arterias imprescindibles para el ya de por sí poco fluido tráfico de la metrópoli turca, buscaba garantizar la entrada y toma de posesión del interventor designado por un tribunal turco la pasada semana. Esa instancia anuló cautelarmente el último congreso provincial del partido, celebrado en 2023, y depuso a su presidente provincial, Özgür Çelik, al que se acusa de haber comprado votos para acceder al cargo.
Los socialdemócratas, sin embargo, rechazan estas imputaciones y alegan que un tribunal ordinario no tiene potestad legal para decretar la intervención ni anular un congreso de una formación política —que, además, fue refrendado por la junta electoral— y acusan al Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan de estar detrás de esta medida judicial en su estrategia por construir una “oposición a su medida”.
