Desde Turquía hasta Grecia, de Francia a España, los incendios de este verano en el Mediterráneo confirman que ya no hablamos de experimentar estaciones puntualmente secas o extremas. Los denominados incendios de sexta generación arden porque son la consecuencia de un capitalismo global asentado sobre la catástrofe climática y la destrucción de los entornos donde florece la vida. Pero también porque ese mismo sistema insiste en mercantilizar y privatizar hasta el último de los espacios comunes que habitamos.
Nuestra relación con la naturaleza es cada vez más precaria y las cifras lo muestran con crudeza. A 2 de septiembre, habían ardido casi un millón de hectáreas en la Unión Europea, lo que equivale a cuatro veces el promedio histórico de los últimos 19 años (2006-2024). En España, la magnitud del desastre se tradujo en un salto abrupto: de 40.000 hectáreas calcinadas se pasó a más de 380.000 en apenas unas semanas. Por el camino, decenas de miles de personas fueron desalojadas y se contabilizaron al menos ocho fallecidos, entre ellos bomberos y voluntarios. Mientras, infraestructuras esenciales, como el tren entre Madrid y Galicia, se vieron interrumpidas.
Por su parte, el sistema MACE, del CSIC, cifraba a 31 de agosto en unas 16.000 las muertes atribuibles al calor moderado, extremo o excesivo durante este verano; es decir, 6.000 más de las que se registraban apenas unas semanas antes. Esta tendencia no pierde freno y los datos de este año seguirán en aumento. No es una lógica particular ni un mero accidente, sino la expresión de cómo funciona el sistema.
